Fragata Libertad, una historia de piratas neoliberales

La Fragata Libertad, nave escuela de la Armada Argentina, fue detenida en un puerto ghanés gracias a una maniobra del fondo buitre NML Capital,  propiedad del fondo Elliott Capital Management cuyo director es Paul Singer, asesor del candidato republicano Mitt Romney y es el principal financista del lobby que opera en la justicia y el Congreso de Estados Unidos con el nombre ATFA (Grupo de Tareas Argentina) para perjudicar a la República Argentina.

Paul Singer, estafador.

El fondo buitre NML tiene su sede en las islas Caimán, una guarida fiscal que, vale recordar, es una colonia de Gran Bretaña, desde la cual operan quienes no se someten a las leyes de ninguna jurisdicción y han sido denunciados tanto por el G-20 como las Naciones Unidas.

El corrupto Singer lleva décadas especializándose en comprar deuda de países en crisis cuando su valor se encuentra por los suelos para después reclamar un precio mucho más elevado.  Este especulador internacional es el que pagó a estudiantes de distintas universidades estadounidenses para repartir folletos contra Argentina y su gobierno durante la visita de la Presidenta Cristina Fernández a ese país.  Por acción de este ladrón, entre 2007 y 2010, el Gobierno de Argentina tuvo que cancelar vuelos del avión oficial Tango 01 a Estados Unidos y a Alemania para que no lo embargaran.


Pero esta historia de piratas tiene sus raíces en la década de los '90, con el neoliberalismo menemista.  Si, la situación que hoy vive la Fragata Libertad nace de las decisiones de los gobernantes argentinos neoliberales que desguazaron a la Argentina durante la infausta década de fines de siglo pasado.


Para tratar de ejecutar el embargo, los bonistas, carroñeros de la especulción, se basan en que Argentina renunció a la inmunidad soberana de sus activos en el exterior en algunas emisiones internacionales de bonos en aquellas épocas de gobiernos neoliberales.   

Las autoridades argentinas neoliberales de los '90 firmaron contratos en el que se renunciaba a la inmunidad soberana sobre "los ingresos, activos o propiedadas" del país en el exterior exceptuando algunas cláusulas.   Además,  se aceptaba en estas operaciones relegar su propia jurisdicción en favor del sistema legal existente en los mercados donde se emitiesen los títulos, como por ejemplo, los de Estados Unidos y el Reino Unido.    Estas clausulas de renuncia en los contratos con compradores de deuda iniciaron con la implementación del Plan Brady, que supuestamente debía ser de ayuda para los paises endeudados.  La realidad fue otra.   Cuando Argentina entró al plan Brady su deuda era de US$63.000 millones, y se refinanció US$33.000 millones. Pero para el año 2000 la deuda, a pesar de haberse realizado altísimos pagos, era de US$150.000 millones...

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